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Incapacitar judicialmente a una persona significa negar a un ciudadano mayor de edad la capacidad de tomar decisiones de forma libre y autónoma para dirigir su persona y vida en todos los ámbitos, desde el aspecto personal hasta el económico y patrimonial.
Esta capacidad de decisión o de obrar es un atributo que la Ley otorga de forma automática a toda persona mayor de edad por el hecho de serlo y que forma parte de la dignidad de la persona. Para limitar y restringir esa autonomía de la voluntad que supone incapacitar a una persona se deberán cumplir una serie de requisitos y exigencias.
La limitación de la capacidad de una persona para dirigir su vida se aplicará de forma restringida y como último recurso. Señala el artículo 211-3 del Código Civil de Cataluña que las limitaciones a la capacidad de obrar se deberán interpretar de forma restringida atendiendo a la capacidad natural de la persona. Piénsese que lo que nos hace personas es precisamente esa libertad de obrar, por tanto, la decisión de incapacitar a una persona será completamente excepcional.
Los motivos para incapacitar judicialmente a una persona, según dispone el artículo 200 del Código Civil, serán las enfermedades o las deficiencias físicas o psíquicas persistentes que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Desde este punto de vista, la incapacitación judicial es una medida excepcional de protección de la propia persona que se va a incapacitar, de modo que se sobreentiende que si sigue disponiendo de su capacidad de obrar plena podría incurrir en un riesgo de su persona o de su patrimonio.
Los requisitos son, en primer lugar, que padezca una enfermedad física o mental que disminuya o deteriore la personalidad y que tenga efectos en su capacidad de querer y de decidir. La enfermedad o impedimento físico o mental deberá bloquear la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma.
En segundo lugar, que la enfermedad deberá ser persistente en el tiempo, o degenerativa. Como ejemplo más evidente puede ser una persona mayor con Alzheimer o con una demencia, cuyo avance de la enfermedad hará previsible una merma absoluta de la capacidad de autogobierno.
En tercer lugar, que esa deficiencia imposibilite el autogobierno de la persona que la padece, referido a una capacidad general de autogobierno ante todas las situaciones comunes de la vida. Por tanto, no sería causa de incapacitación judicial la imposibilidad de autocontrol ante una situación concreta. Se debe entender autogobierno como capacidad reflexiva de la propia actuación tanto a nivel personal como patrimonial.
Están claros los supuestos de personas mayores con Alzheimer o con demencias avanzadas, o personas con síndrome de Down. Sin embargo, resultan más problemáticos supuestos de personas con trastornos psiquiátricos como esquizofrenias u otro tipo de trastornos de la personalidad, debiendo en estos casos analizar caso por caso y evaluar qué funcionalidades resultan alteradas por la enfermedad
Evidentemente quedan fuera de las causas de incapacitación judicial valoraciones morales sobre las decisiones tomadas por la persona a la que se quiere incapacitar o sobre su conducta en determinados aspectos de su vida privada como la sexualidad, actitud hacia la vida, etc. Que una persona, aunque tenga algún tipo enfermedad física o mental, decida su vida conforme a distintos parámetros que la mayoría social no será causa de incapacitación.
Cada uno de estos criterios será valorado en escala, por ejemplo, mucho, normal, poco, muy poco o nada. La persona en caso de tener dificultades únicamente con la cuestión de administración de su patrimonio o dinero, nos encontraremos ante un supuesto de prodigalidad pero no de incapacitación.
¿Cómo funciona el procedimiento de incapacitación legal de una persona? En primer lugar se ha de decir que, según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las personas que pueden iniciar un procedimiento de incapacitación legal de una persona son el propio incapaz, su cónyuge, sus descendientes sus ascendientes o los hermanos del presunto incapaz, y además el Ministerio Fiscal de oficio si tiene conocimiento de la situación del incapaz.
Ser niega esa facultad a tíos o sobrinos del presunto incapaz. En estos casos, tíos o sobrinos podrían comunicar los hechos al Ministerio Fiscal para que sea este, si lo considera necesario, el que inicie los trámites de incapacitación judicial.
La incapacitación legal de menores de edad solo pueden promoverla los progenitores o las personas que ejerzan la tutela.
Una vez iniciado el trámite y presentada la demanda de incapacitación judicial se deberán seguir cuatro trámites esenciales que exige el artículo 758 Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 759 Ley de Enjuiciamiento Civil. Si falta alguno de ellos el procedimiento será nulo completamente.
Finalizada la fase de juicio y practicadas todas las pruebas el Juez valorará en Sentencia si procede la incapacitación legal y, si es así, establecerá la extensión y límites de la incapacidad, y acordará el régimen de tutela y guarda nombrando a un tutor.
Sobre el régimen de tutela dedicaremos otro artículo más adelante.