Embargo Judicial

Funcionamiento del embargo judicial

Como dijimos el equipo de Abógalo en Cómo actuar ante un embargo el régimen de un embargo judicial es distinto del administrativo. Puesto que se produce por orden de un Juez y no una autoridad administrativa, queda sometido a las normas que regulan la jurisdicción en la que se dicta. Un embargo judicial puede ser decretado en cualquier jurisdicción: civil, penal, laboral y administrativa, actuando las normas del procedimiento civil como supletorias en esta materia en todas las jurisdicciones. Por esta razón, nos centraremos en el procedimiento civil. Pero dado que es bastante complejo nos limitaremos a dar unas breves pinceladas.

El embargo en el procedimiento civil se sitúa como consecuencia de un procedimiento previo en el que se declara que existe una deuda dineraria por el motivo que sea, y, con posterioridad, un procedimiento para ejecutar esa deuda al no haber sido saldada previamente de forma voluntaria. Resulta de sumo interés ser parte en el procedimiento en el que se procede a decretar el embargo a través de abogado y procurador, de lo contrario, el procedimiento continuará sin que tengamos posibilidad de alegar nada en nuestra defensa.

Presentada la demanda de ejecución de esa deuda se requerirá de pago al deudor solo en los casos en los que el título ejecutivo no sea una resolución  judicial, por ejemplo una escritura notarial de préstamo hipotecario. En el resto de casos, si la deuda está establecida por resolución judicial (sentencia , decreto, etc.) o arbitral, no procederá este requerimiento porque se entiende que el deudor ya ha tenido conocimiento de la existencia de la deuda.

Desatendido dicho requerimiento en los casos que procedan o si no procede de forma automática, se procederá a efectuar una investigación patrimonial del deudor solicitada por la parte acreedora. si de esta investigación resultan bienes de contenido patrimonial se procederá a trabarlos de embargo, es decir, a bloquearlos. Ese embargo judicial se ha de hacer bajo un principio muy claro: se embargarán los bienes teniendo en cuenta su facilidad de venta y el menor agravio para el deudor.

De forma subsidiaria se establece un orden de embargo cuando no sea posible aplicar el criterio anterior:

  • 1º. El dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.
  • 2º. Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
  • 3º. Joyas y objetos de arte.
  • 4º. Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.
  • 5º. Intereses, rentas y frutos de toda especie.
  • 6º. Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.
  • 7º. Bienes inmuebles.
  • 8º. Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
  • 9º. Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.
  • 10º. El embargo de empresas

Finalmente, una vez embargados esos bienes deberán ser “realizados”. Es decir, más o menos convertidos a un valor equiparable al de la deuda que se reclama. Es lo que se llama el procedimiento de apremio. Existen diversos sistemas:

  • La entrega del bien embargado al acreedor (adjudicación) previo de una valoración económica.
  • Venta forzosa en pública subasta, previa una valoración previa del bien.
  • La administración forzosa para los embargos de bienes que producen rentas y frutos, como una empresa.

¿Cómo actuar ante un embargo judicial? Para poder afrontar un proceso de embargo judicial con garantías se requiere en todo caso la asistencia de un abogado. Debería ser especialista en ejecuciones, embargos y apremios, puesto que la regulación es muy extensa y compleja. En caso contrario podemos encontrarnos con que se han subastado o adjudicado bienes muy por debajo de su valor. Esto ocasiona el consiguiente perjuicio para el deudor.